La pareja de discapacitados intelectuales que pelea por recuperar a su recién nacida, actualmente bajo la tutela de la Junta, recurre a la vía judicial
03.03.09 - SILVIA TUBIO
03.03.09 - SILVIA TUBIO
Esmeralda, con casi dos meses de vida, es demasiado pequeña para saber hasta qué punto sus padres biológicos están dispuestos a luchar por ella, aunque los factores jueguen en su contra. La batalla emprendida por Sara y David, dos jóvenes gaditanos con discapacidad intelectual, para recuperar a su recién nacida proseguirá en los juzgados. Ambos se han puesto en manos de un letrado de Cádiz que se ha ofrecido a ayudarles y que en los próximos días presentará formalmente en los juzgados de Primera Instancia de Cádiz la oposición a la resolución administrativa de la Junta, que culminó con la suspensión cautelar de la patria potestad y el ingreso de la neonata en el centro de protección San Carlos de Chipiona.
Con ese acto jurídico, la representación letrada de la pareja recurre a la vía judicial y no va a esperar a que la Junta se pronuncie definitivamente, revocando la decisión inicial o confirmando la suspensión de la patria potestad. Bienestar Social siempre ha defendido que se adoptó esa resolución a partir de los informes emitidos por los Servicios Sociales de San Fernando, que alertaron del riesgo de desamparo de la menor. Esos factores que juegan en contra de la pareja son: la falta de recursos económicos y las dificultades añadidas para emprender una vida independiente dada la minusvalía severa que presentan los padres, quienes antes de nacer la pequeña vivían en un domicilio sin servicios básicos como luz y agua corriente.
Sin embargo, la historia de Sara y David ha provocado un aluvión de quejas y también ha movilizado a decenas de colectivos, como el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), que desde distintos puntos de España están reivindicando el derecho de Sara a ser madre y que la Administración vele por los intereses de ambas, sin que conlleve la retirada del bebé. Estas reivindicaciones han sido enviadas al Defensor del Pueblo Andaluz, que aún no se ha pronunciado.
Cuando el juez reciba la oposición firme del abogado, solicitará a la Junta que remita el expediente completo para que lo conozcan las partes, no sólo la defensa de la pareja sino también el Ministerio Fiscal. Posteriormente, se abre un plazo de veinte días, durante el cual los jóvenes presentarán una demanda contra la suspensión cautelar de la patria potestad.
Cambio de residencia
En estos momentos, la Junta sigue recabando información sobre los jóvenes, que han dejado el piso tutelado que les ofreció Afanas y han sido trasladados a una residencia que también gestiona esta organización en El Puerto. La Administración les permite visitar a su hija una vez por semana, durante una hora, en el centro de Chipiona.
Pero fuentes del entorno de la pareja, que están trabajando por reconducir la situación, explicaron a este medio que la madre está atravesando por un momento muy difícil, con crisis de ansiedad, porque teme que la Junta no modifique la resolución inicial y se oponga abiertamente a la demanda que en las próximas semanas será planteada en los juzgados de Primera Instancia.
stubio@lavozdigital.es
Con ese acto jurídico, la representación letrada de la pareja recurre a la vía judicial y no va a esperar a que la Junta se pronuncie definitivamente, revocando la decisión inicial o confirmando la suspensión de la patria potestad. Bienestar Social siempre ha defendido que se adoptó esa resolución a partir de los informes emitidos por los Servicios Sociales de San Fernando, que alertaron del riesgo de desamparo de la menor. Esos factores que juegan en contra de la pareja son: la falta de recursos económicos y las dificultades añadidas para emprender una vida independiente dada la minusvalía severa que presentan los padres, quienes antes de nacer la pequeña vivían en un domicilio sin servicios básicos como luz y agua corriente.
Sin embargo, la historia de Sara y David ha provocado un aluvión de quejas y también ha movilizado a decenas de colectivos, como el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), que desde distintos puntos de España están reivindicando el derecho de Sara a ser madre y que la Administración vele por los intereses de ambas, sin que conlleve la retirada del bebé. Estas reivindicaciones han sido enviadas al Defensor del Pueblo Andaluz, que aún no se ha pronunciado.
Cuando el juez reciba la oposición firme del abogado, solicitará a la Junta que remita el expediente completo para que lo conozcan las partes, no sólo la defensa de la pareja sino también el Ministerio Fiscal. Posteriormente, se abre un plazo de veinte días, durante el cual los jóvenes presentarán una demanda contra la suspensión cautelar de la patria potestad.
Cambio de residencia
En estos momentos, la Junta sigue recabando información sobre los jóvenes, que han dejado el piso tutelado que les ofreció Afanas y han sido trasladados a una residencia que también gestiona esta organización en El Puerto. La Administración les permite visitar a su hija una vez por semana, durante una hora, en el centro de Chipiona.
Pero fuentes del entorno de la pareja, que están trabajando por reconducir la situación, explicaron a este medio que la madre está atravesando por un momento muy difícil, con crisis de ansiedad, porque teme que la Junta no modifique la resolución inicial y se oponga abiertamente a la demanda que en las próximas semanas será planteada en los juzgados de Primera Instancia.
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